Fiscalía solicitó medidas de aseguramiento contra alcaldes

Acacías (Meta)

 La Fiscalía citó a interrogatorio al alcalde de acacias (Meta), a la exsecretaria de Gobierno y a un contratista del municipio, por presuntas irregularidades en el contrato N° 207 de 2020, por valor de 1.125 millones de pesos, destinado a la compra de mercados básicos para personas en condición de vulnerabilidad.

Arauca

La Fiscalía estableció que el contrato 201 de 2020, celebrado entre la Gobernación de Arauca y la Corporación Cultural Cabalgata tendría posibles irregularidades en la etapa precontractual. Al parecer, se presentó un direccionamiento ilícito para favorecer al contratista y, al amparo de la emergencia económica, se suscribió el acuerdo para realizar las fiestas municipales de Cravo Norte (Arauca), por un valor de 570 millones de pesos. Es importante resaltar que el alcalde del mencionado municipio había cancelado las celebraciones un mes antes de la firma del contrato, como medida de prevención ante el Covid – 19; sin embargo, la Gobernación siguió adelante con el proceso contractual. Cuatro personas estarían involucradas en estos hechos. Serán imputadas por interés indebido en la celebración de contrato y falsedad ideológica en documento público. El Gobernador del departamento, José Facundo Castillo, fue citado a interrogatorio ante un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia.

Sincelejo (Sucre)

 La Fiscalía General de la Nación abrió indagación contra el alcalde de Sincelejo (Sucre), Andrés Eduardo Gómez Martínez; la jefe de la Oficina Jurídica del municipio, Kattiusca Margarita Fernández Castillo; y otras siete personas, entre funcionarios y particulares, por presuntas irregularidades en dos contratos de suministro de alimentos y uno de publicidad. El valor de los contratos superaría los 3 mil millones de pesos. Los indiciados fueron citados a interrogatorio.

Armenia (Quindío)

 Las verificaciones de los investigadores dan cuenta de presuntas irregularidades en el contrato N° 002, suscrito entre la directora del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros de la Alcaldía de Armenia (Quindío) y la Comercializadora y Distribuidora Agroindustriales, por un valor de 350 millones de pesos. El material probatorio demostraría que algunos socios de la citada empresa habrían donado dinero a la campaña política del alcalde de Armenia, José Manuel Ríos Morales. Cinco personas son investigadas y serán imputadas, entre ellas el alcalde, según su nivel de participación, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad en documento privado, y peculado en la modalidad de tentativa.

Calarcá (Quindío)

Fue identificado un contrato de urgencia manifiesta que, al parecer, se suscribió sin la autorización del representante legal de la empresa contratista. Dos personas serán imputadas, entre ellas el alcalde municipal, por contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Pereira (Risaralda)

La secretaria privada de la Alcaldía de Pereira profirió dos actos administrativos mediante los cuales designó a los contratistas Emprender S.A., y Bustos y Compañía para suministrar mercados como ayudas humanitarias. Las dos empresas habrían acordado previamente, mediante cotizaciones, el valor de los insumos a entregar. De esta manera se generaron posibles sobrecostos, que permitieron la apropiación ilícita aproximada de 29 millones pesos y de 67 millones pesos, para cada una de las firmas, respectivamente. En este caso hay cuatro indiciados, quienes serán imputados por contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

Malambo (Atlántico)

La Fiscalía conoció que el alcalde de Malambo (Atlántico), Efraín Heberto Bello Camargo, suscribió el 26 de marzo de 2020 un contrato por 4 mil millones de pesos con la Fundación Lirio de los Valles (Funlidelosva), para suministrar 80 mil kits de mercados en 30 días para la población vulnerable, invocando la modalidad de contratación directa en el marco de la urgencia manifiesta por el Covid -19. El 13 de abril fue suscrito un otro sí que, sin aumentar el valor del contrato, modificó la cantidad de entregas a dos por familia. Una profesional del Área de Proyectos Sociales del municipio fue la encargada de tramitar y supervisar tal contrato. Por estos hechos, tres personas serán imputadas, entre ellas el alcalde, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y se solicitará la imposición de medidas de aseguramiento no privativas de la libertad.

Cereté (Córdoba)

 El alcalde de Cereté (Córdoba), Luis Antonio Rhenals, y un particular habrían simulado un proceso de selección de oferta y estudio de mercados, y, supuestamente, falsificaron cotizaciones para garantizar que una contratista se quedara con el suministro de kits de mercados para las poblaciones vulnerables del municipio. Dos personas serán imputadas por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento privado. Girón (Santander) La Alcaldía de Girón (Santander) celebró un contrato para el suministro de kits alimentarios para la población vulnerable, en el marco de la emergencia económica, social y ecológica, por 1.400 millones de pesos. Hay elementos que darían cuenta de presuntas irregularidades en la etapa precontractual. Se citaron a interrogatorio a dos personas por contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Socorro (Santander)

Fueron detectadas presuntas irregularidades en el contrato de asociación N.º 20030103 de 2020, cuyo valor asciende a 125 millones de pesos, para recibir apoyo en la atención del adulto mayor vulnerable. La alcaldesa municipal, Claudia Luz Alba Porras, será imputada por celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Palocabildo (Tolima) y Guaduas (Cundinamarca)

 La Fiscalía identificó una presunta fundación de papel, conformada por un grupo específico de personas que reside en Mariquita (Tolima), que se habría quedado con la contratación relacionada con la atención de la población afectada por la emergencia sanitaria en Palocabildo (Tolima) y Guaduas (Cundinamarca). Seis personas, entre ellas los alcaldes municipales de las dos poblaciones, serán imputadas por concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, y contrato sin el lleno de requisitos legales.

San Antonio (Tolima)

El alcalde de San Antonio Tolima, Jorge Iván Vásquez Martínez, suscribió el contrato 096 de 25 de marzo de 2020 para la compra de productos de aseo. Hay indicios de supuestas inconsistencias en los estudios previos, cotizaciones falsas y sobrecostos, entre otras presuntas violaciones a los principios de contratación estatal. Tres personas serán imputadas por contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad en documento privado, y fraude procesal.

San Pedro (Valle del Cauca)

 El 01 de abril de 2020, el municipio de San Pedro celebró un contrato para la adquisición de 780 kits de alimentos para la población vulnerable, por un valor cercano a los 50 millones de pesos, con el dueño del granero ‘El Portal de Andrea’. Seis días después, se hizo una adición por algo más de 24 millones de pesos. Posteriormente, el 23 de abril, se celebró un nuevo convenio, con el mismo contratista, para suministrar 1.278 kits alimentarios, por 96 millones de pesos. Las labores investigativas permitieron establecer que el contratista, y propietario del granero, es concejal de Tuluá (Valle del Cauca), y ejerce dicho cargo desde 2016. Tres personas serán imputadas, según su nivel de participación, por violación al régimen de inhabilidades y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Coveñas (Sucre)

 Se adelanta investigación por presuntos sobrecostos y otras irregularidades en un contrato suscrito entre la administración de Coveñas (Sucre) y la fundación FUNCASERVICIOS, cuyo valor asciende a $1.206 millones, y tenía por objeto la entrega de 6.550 kits de aseo y 6.550 kits de alimentos. Por estos hechos será imputado el alcalde municipal, Rafael Antonio Ospina Toscano, por contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

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