Los diputados no pueden limitar a la Gobernadora

El Tribunal Contencioso Administrativo del Meta profirió una medida cautelar decretando la suspensión provisional de varios artículos del reglamento 896 mediante la cual los Diputados pusieron topes a la contratación de obra pública y a las facultades de la gobernadora hasta por 8 mil salarios mínimos legales vigentes mensuales.

Explica la magistrada ponente, Teresa Herrera Andrade, que la Asamblea del Meta no puede pretender que la gobernadora esté cada 4 meses solicitando autorización para celebrar los contratos.

La Duma está interfiriendo en la potestad contractual que le da la Constitución y la Ley, por ser el representante legal del Departamento.

Los Diputados se están atribuyendo en forma caprichosa, la dirección y control de la actividad contractual del Ente Territorial, restringiendo la competencia de quien se la concedió la Constitución, entorpeciendo en la ejecución del presupuesto y los planes locales de desarrollo e inversión, así como, la prestación eficiente y oportuna de los servicios públicos a cargo del Departamento.

La facultad de contratar no es de las funciones propias de la ASAMBLEA, para que ésta la otorgue, de manera pro tempore, por tanto, no puede entrar a delimitar en el tiempo el ejercicio de la actividad contractual que a la Gobernadora le compete, como si se tratara de una funciones de las que corresponde a la Duma; cuando por expresa disposición legal, le está vedada la posibilidad en la intervención en los procesos de contratación.

Al expedirse el Reglamento No 896 de 2015, la DUMA DEPARTAMENTAL invadió los ámbitos propios del Legislador al entrar a establecer que para los contratos de obras públicas se requiere autorización cuando supere la cuantía de 8 mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, yendo más allá de las funciones y competencias que la Constitución y la Ley le ha asignado, por estar fuera de toda razonabilidad y proporcionalidad.

La actividad contractual del GOBERNADOR recae en el control fiscal que realiza el CONTRALOR DEPARTAMENTAL y Contralor Nacional, como el control penal y disciplinario.

Por último, esta actividad puede ser controlada por cualquier ciudadano de la publicación que se hace de los contratos en el SECOP

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