URT solicitó a la justicia proteger territorios ancestrales de cuatro comunidades indígenas en la Orinoquía

El territorio ancestral Wazapana Dagua en el Vichada y los Resguardos Ondas del Cafre en Meta, Caño Mochuelo y Chaparral y Barronegro en Casanare esperan ser beneficiarios de las medidas cautelares que solicitó la Unidad de Restitución de Tierras a los juzgados especializados en restitución de tierras de Cundinamarca y Villavicencio durante la pandemia. 

La Unidad de Restitución de Tierras (URT) avanza en su propósito de recuperar los territorios colectivos para las comunidades indígenas ubicadas en los departamentos de Casanare, Meta y Vichada. Los juzgados especializados en restitución en Cundinamarca y Villavicencio acogieron las solicitudes hechas por la entidad para impartir medidas cautelares con las cuales se busca proteger los derechos territoriales de las comunidades indígenas en estas jurisdicciones del país.

Las medidas cautelares que se solicitaron en medio del aislamiento preventivo obligatorio buscan que distintos organismos del orden nacional y territorial emprendan acciones concretas que para mitigar los riesgos inminentes que enfrentan estas comunidades con respecto al reclutamiento forzado de jóvenes indígenas, amenazas a las autoridades tradicionales, la presencia de minas antipersonal y munición sin explotar, entre otros. Estos aspectos vulneran sus derechos a la autonomía y gobierno propio, así como el uso y disfrute del territorio.

Con este trabajo la Unidad avanza en su propósito de proteger 94.620 hectáreas del Resguardo Indígena de Caño Mochuelo; 16.824 hectáreas del Resguardo Indígena Chaparral y Barronegro en el departamento del Casanare, 4.075 hectáreas del Resguardo Indígena Ondas del Cafre en Meta y aproximadamente 9.000 hectáreas del territorio ancestral Wazapana Dagua, con lo que se han protegido 14 pueblos indígenas que habitan estos cuatro territorios.

A la fecha, la Unidad a través de la Dirección de Asuntos Étnicos ha presentado la solicitud de 42 medidas cautelares para proteger territorios de comunidades étnicas, de las cuales 17 han sido radicadas durante los dos años de Gobierno del Presidente Iván Duque que corresponden al 40% de la gestión en los nueve años de vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y el Decreto Ley 4633 de 2011 que protege los derechos territoriales de los pueblos indígenas.

Además, en los dos últimos años se han radicado 20 demandas que corresponden al 34% de la ejecución dentro del proceso de reparación a los pueblos indígenas y buscan restablecer los derechos territoriales de los pueblos y comunidades indígenas sobre más de 1 millón hectáreas. En total, la entidad ha presentado 58 demandas de las cuales se han proferido un total de 16 sentencias que reestablecen los derechos sobre 99.340 hectáreas y benefician a 30.607 personas. De estas cifras, cinco sentencias se han proferido durante el gobierno del Presidente Iván Duque.  Son de los resguardos Son Tanela de Unguía, Chocó, Ette Enaka del Magdalena; Kanalitojo de Puerto Carreño, Vichada; Cabildo Central Kwe´sx Yu Kiwe de Florida, Valle del Cauca, y San Lorenzo de Riosucio, Caldas, que han restituido 15.071 hectáreas a 15.226 personas de estas comunidades

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.