Exgerente de EDESA acusado de irregularidades en la construcción de acueducto
La Fiscalía encontró irregularidades en la construcción del acueducto y acantarillado en una zona rural de Villavicencio, en la que Orlando Guzmán Virgüez, exdirector técnico operativo y exgerente de la empresa de servicios públicos del Meta (EDESA), Fernando René Rojas, representante legal de una unión temporal y Rafael Ángel Sandoval, interventor, tendrían responsabilidades por desacatar las recomendaciones hechas por los ingenieros.
De acuerdo con las pruebas del ente investigador, los integrantes –que hacían parte del comité técnico-, habrían autorizado un cambio en el diseño y trazado de las obras previstas, trasladándolo a un sector de alto riesgo de remoción de masas e inundaciones que estaba en la vertiente de una quebrada.
Ante las evidentes dificultades, se definió un plan de estabilidad que contemplaba cinco obras distintas para salvar el sistema de acueducto y alcantarillado. Sin embargo, los acusados, al parecer, solamente avalaron una de estas, pero con unas características técnicas diferentes.
El no haber seguido las indicaciones, hizo que en 2016 la estructura sufriera graves daños por un derrumbe, lo que generó un detrimento patrimonial por $171’000.000, pues obligó que se firmara un nuevo contrato para reconstruir los tramos afectados y terminar las obras inconclusas.
Además, la Fiscalía halló inconsistencias en el proceso de contratación y ejecución, como la ampliación del plazo definido de ocho meses, a cuatro años; construcción de 140 acometidas domiciliarias de las 440 pactadas; pago del valor total del contrato y liquidación de este con un acta de satisfacción, sin que el sistema de acueducto y alcantarillado estuviera terminado y en funcionamiento, así como la demora en que a las viviendas beneficiadas llegara agua potable.
El contrato investigado fue suscrito en 2011, por un valor de 2.350 millones de pesos y con un plazo de ocho meses.
El exgerente de EDESA y el representante legal de la Unión Temporal, tendrán que responder por los delitos de peculado y contrato sin el lleno de los requisitos legales, mientras que el interventor, por peculado únicamente.
