Le dieron la razón a la Gobernadora
En fallo de primera instancia de un control de legalidad, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Meta declaró válida las objeciones que hizo la gobernadora, Marcela Amaya García, contra la ordenanza de la Asamblea departamental, que limitó sus facultades legales y constitucionales y que determinó cuantías a la contratación de obra.
La sala de decisiones determinó que la Asamblea del Meta se extralimitó en sus funciones al incluir en la Ordenanza objetada, que los convenios administrativos y contratos de obra pública, que excedan el valor de los diez mil (10.000) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, requerirán de autorización.
Igualmente, que los Diputados no pueden exigir a la Gobernadora, solicitar continuamente autorización para contratar, porque ello obstaculizaría el normal desarrollo del Departamento, interpretación que conllevaría a desconocer las facultades contractuales y de ejecución presupuestal que le asiste al Gobernante como jefe de la administración del Ente Territorial.
Agrega el Tribunal, que los Diputados no pueden entrar a realizar modificaciones al Estatuto General de Contratación y que la responsabilidad de vigilar la contratación recae en la Contraloría departamental, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía general.
En consecuencia de lo anterior, resultó excesiva la actuación de los Diputados al querer controlar la actividad contractual de la Gobernadora con las medidas adoptadas en la ordenanza objetada, cuando existen otros mecanismos para poder llevar a cabo ese control, como es al momento de aprobar el presupuesto del Departamento.
