¿Se acaba la ley de garantías?
Santos se comprometió con los alcaldes de todo el país el pasado viernes, en Cartagena, a promover una ley con mensaje de urgencia para derogar esta norma aprobada en 2005 (gobierno de Uribe) concebida en ese momento para evitar que alcaldes y gobernadores utilizaran recursos públicos para apoyar a sus candidatos.
La derogatoria de la norma en discusión habilitaría $ 5,2 billones en lo que queda del año para que los alcaldes que se van el 31 de diciembre del 2015, hagan uso de esos recursos.
El uribismo teme que el gobierno de Santos utilice esos dineros con alcaldes y gobernadores amigos para derrotar a sus candidatos en las elecciones de octubre próximo.
El procurador Ordóñez, a quien Santos le ha pedido que “no haga política” con el proceso de paz, advirtió que estará “vigilante” y que va a “acudir al escenario legislativo para prender las alarmas y para señalar cuáles son los riesgos de la derogatoria de la Ley de Garantías”.