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Un nuevo proceso electoral en la Unillanos en medio de escándalos.

La Universidad de los Llanos, la institución académica de educación superior de carácter público más grande de las región de los Llanos Orientales, se ha visto infortunadamente envuelta durante los últimos años en continuos escándalos de tipo administrativo y jurídico, y esto no ha cambiado a hoy, en medio del ambiente de elecciones de los representantes de gremios y egresados.

En el caso particular de la elección del vocero de los egresados, programada para este sábado 20 de octubre, se vio recientemente empañada por una tutela interpuesta a la universidad, que generó su cambio original de fecha, debido a que aparentemente no existían garantías desde la creación del estatuto general Acuerdo 04 del 2009, el cual para muchos aspectos parece tener debilidades jurídicas que ponen en riesgo la democracia de la entidad.

Sin ir más lejos, este año Jairo Frías, una vez recobró su libertad, intentó acceder a sus derechos en calidad de ex rector de la universidad; sin embargo el Consejo Superior Universitario (CSU) negó tal solicitud. Lo cual derivó en una serie de denuncias que destaparon diversos embrollos.

El pasado 14 de agosto la veeduría de control social El Bachaco y la Asociación de Veeduría Regional presentaron denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra el Consejo Superior de la Unillanos por presunto prevaricato por omisión y por acción, así como por abuso de poder y extralimitación de funciones, por los hechos acontecidos con relación a la destitución de Jairo Frías Carreño.

Seguidamente el 2 de septiembre, Frías radicó ante la Procuraduría General de la Nación una acusación en contra de los miembros del CSU, y remitió pruebas y anexos que presuntamente demuestran cómo el actual representante de los egresados, John Sanabria, y quien busca ahora su reelección, lo presionaba para obtener beneficios económicos personales. Por esta razón, Sanabria tiene al momento una investigación abierta en este ente de control, junto a la ya mencionada en la Fiscalía General de la Nación.

Para el 24 de septiembre Jairo Frías exhorta a la Unillanos que al ser la denuncia disciplinaria anterior a los hitos de inscripción, verificación de cumplimiento a los requisitos, y elección del rector, deberá aplicarse lo normado en la legislación nacional sobre incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, y de manera especial, lo establecido en el artículo 11 de la ley 1437 de 2011, con relación a los impedimentos y recusaciones para la revisión de requisitos, deben declararse impedidos algunos miembros de la comisión asesora del CSU, y por ende los mismos consejeros miembros del CSU.

Así, en medio de intervenciones legales y problemas administrativos, estudiantes, docentes, egresados, trabajadores, gremios y comunidad en general, esperan ver resurgir a la Unillanos, baluarte de la educación pública de toda una región.

El sentimiento está vivo, justo en medio de la lucha de miles de estudiantes que reclaman hoy al Gobierno nacional mayores recursos para el financiamiento de la educación pública en el país.

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