ACUERDO NACIONAL POR LA REFORMA AGRARIA
Colombia cuenta con bancadas en el Congreso que en su gran mayoría, independientemente de sus diferencias políticas, entienden la reforma agraria. Se busca perfeccionar procedimientos que cumplan lo normativo, pero faciliten el avance de las metas y garanticen que lo pactado en el acuerdo de paz sea una realidad en este gobierno. Son vientos para un acuerdo nacional, la necesidad de la redistribución de la tierra nos une, moviliza y compromete.
Nuestro país estaba en deuda con la tarea democrática con relación al campo y la tierra. Una nación que sufrió los golpes de la violencia por el acaparamiento, que se cobró la vida de cientos de familias rurales, familias que exigieron durante décadas a los gobernantes de turno avanzar en la materialización de un nuevo modelo agrario para resolver definitivamente las limitaciones de acceso.
Hace unas semanas, por un camino de trocha, mula, y neblina, nos abrimos paso en medio de las montañas antioqueñas para llegar al asentamiento de El Aro. Conocía cómo el horror había marcado con su paso imborrable aquel 22 de octubre de 1997, cuando un grupo de paramilitares incursionó en el corregimiento del municipio de Ituango. Las horas de dolor y muerte se registraron desde entonces con titulares en donde el asesinato de 17 campesinos en estado de indefensión fue poco a poco pasando al olvido. Con la sentencia del 1.º de julio de 2006 (literal 397), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó una reparación de carácter colectivo para los habitantes de El Aro, comunidad que con el tiempo asentó la desconfianza en gobiernos de muchas palabras pero pocas acciones. La responsabilidad era enorme, lo que podía ser un evento más se convirtió en una celebración simbólica para este país quebrantado por la guerra, la jornada se convirtió en una gran celebración al entregar 87 títulos que corresponden a 1.700 hectáreas. Después de 27 años de la masacre se logró reivindicar a quienes no han parado de luchar; la tierra de El Aro tenía propietarios reconocidos ahora por el Estado, habían dejado de darles la espalda. Los rostros llenos de alegría y la posibilidad de resignificar un lugar: darle a la tierra que alguna vez fue bañada en sangre la oportunidad de ver crecer la vida, la esperanza de un presente y futuro diferente, ese el corazón de la reforma agraria.
La importancia de insistir permanentemente en el legítimo derecho del campesino por adquirir un pedazo de tierra nos lleva ahora más que nunca a privilegiar sus aspiraciones por tener un piso donde su familia sienta la seguridad jurídica. Hablamos de entregarles no solo una hectárea, sino la capacidad y los medios productivos para hacer grande este país.
Ahora, lo que contiene el proyecto de jurisdicción agraria no es otra cosa que los principios del derecho agrario contemplados en la Constitución Política de Colombia, particularmente del artículo 65, y las especificaciones de la Ley 160, facultando la administración de los bienes de la nación como baldíos, la recuperación de ciénagas y playones, entre otros, permitiendo que, de forma soberana, el Estado ejerza control sobre las tierras para su redistribución en este esquema en donde se facilite la resolución de conflictos jurídicos en esta materia.
Sabemos la importancia histórica de la reforma agraria. Asumimos el reto con la convicción de cumplirles a quienes vieron a la muerte a los ojos y aun así se han levantado cada día a seguir luchando con dignidad por trabajar honradamente un pedazo de tierra. Son su sudor y esfuerzo los que nos permiten garantizar tener comida en casa, el trabajo del campesino y la campesina es un camino de poco reconocimiento y así han estado en los renglones de la historia de Colombia. Esa historia atravesada en nuestra extensión geográfica y en el relato de poder tiene que cambiar, es hora de un acuerdo nacional para que la propiedad de la tierra sea el gran paso para darle vida al campo colombiano.
FELIPE HARMAN/Director de la Agencia Nacional de Tierras
